Centros para abortos se camuflan en consultorios que curan gripes 

Un pasillo oscuro conduce al consultorio del médico, un hombre calvo de aproximadamente 75 años que atiende pacientes en un local del norte de Quito. La puerta metálica del sitio permanece cerrada todo el día, pero junto a una ventana hay un pequeño cartel que exhibe su número telefónico. Una pareja se comunica con él y les pide esperar 15 minutos. Un letrero anuncia que en el lugar se tratan gripes, dolores musculares, problemas estomacales y que se ponen inyecciones. Pero cuando la pareja entra, el doctor acepta practicar un aborto. Pero antes pregunta si están seguros de que no quieren tener al bebé. "Si es así les ayudo a solucionar su problema", dice en tono cordial mientras los invita a sentarse en dos sillas viejas y sonríe cuando la mujer le cuenta que lleva dos semanas de embarazo. "¡Estamos a tiempo!", exclama al escucharla. "Vengan vengan. La semana pasada estuvo aquí una chica y salió bien (del aborto). Aquí no necesitan exámenes médicos, ni los de sangre", dice el galeno. Sobre su escritorio tiene láminas ilustrativas del aparato sexual femenino cubiertas con un vidrio. Toma un lápiz y señala cada órgano para explicarle cómo se realizan los procedimientos para interrumpir los embarazos. "Esto les cuesta USD 200 sin rebajas. Lo haremos con anestesia general, así que usted estará completamente dormida cuando la intervengamos. Si gusta, su enamorado puede acompañarla…". En Ecuador no hay cifras oficiales del número de sitios clandestinos que se dediquen a interrumpir embarazos no deseados. Sin embargo, un estudio levantado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela cifras alarmantes y señala que 125 000 mujeres abortan cada año en Ecuador, "siendo 342 que lo hacen a diario y, aproximadamente, una cada cuatro minutos". La mayor parte de estas prácticas -según el ente internacional- se produce en condiciones de riesgo como consecuencia de la ilegalidad de los centros a los que acuden para ser intervenidas. Cristina Rosero es estudiante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y activista de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir. En su tesis de grado denominada 'Soberanía del cuerpo y clase: trayectorias de aborto de mujeres jóvenes en Quito' concluye que en la capital existen dos tipos de lugares que se dedican a estas prácticas. Los primeros trabajan con un enfoque de derechos y se practica un "aborto más humanizado" en el que hay preocupación de los galenos por dar buen trato a los pacientes y seguimientos médicos tras las intervenciones. En los segundos solamente prima el lucro. Adicionalmente, la investigación clasifica la mayoría de lugares en donde se interrumpen embarazos en dos clases: los "confiables", que cuentan con instrumentos necesarios para practicar un aborto, y aquellos "no confiables", que ponen en riesgo la vida de la mujer. Eso precisamente lo vivió Gisell cuando visitó el mismo consultorio donde atiende el médico de aproximadamente 75 años. Acudió allí junto a su pareja, un hombre 12 años mayor que ella. Él pagó la intervención y no estuvo cuando abortó. Un amigo la acompañó al consultorio y en su casa dijo que se iba de paseo para que nadie se enterara de lo que haría. Dos semanas después se desmayó y contrajo una fuerte infección. La trasladaron a un centro de salud privado en donde le diagnosticaron que un pedazo del feto que le extirparon no había sido retirado y se descompuso. En ese momento, sus padres se enteraron de lo que había hecho y la botaron de la casa. Además, quedó endeudada en más de USD 1 000 en la clínica que la atendieron por las complicaciones y se demoró dos años en pagarla. Ella se sentía indignada por lo que le había sucedido e iba a denunciar al galeno que la intervino, pero afirma que este la intimidó con amenazas y solo presentó una queja en una organización de DD.HH. Solución en reformar la ley Para Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, que se encarga de promover los derechos de salud sexuales y reproductivos, una de las causas para que se registre la proliferación de sitios clandestinos dedicados al aborto es la no regularización de estas prácticas a escala nacional. Defiende la despenalización del aborto, pero en los casos de quienes han sido víctimas de violación. Las mujeres pobres, excluidas y con mayores niveles de vulnerabilidad social -dice- son las que al decidir interrumpir un embarazo producto de una violación se ven expuestas a condiciones inseguras (en sitios ilegales), con graves riesgos para su salud y la vida. Las malas condiciones de estos lugares fueron constatados por Rosero en su investigación. Los resultados revelaron características similares: camillas sucias y viejas, paredes manchadas, algunos no cuentan con lavabos para limpiar los utensilios y sobre el piso hay baldes plásticos desgastados. Uno de estos sitios se encuentra en el segundo piso de una casa colonial del Centro Histórico de Quito. Desde la calle se puede observar un cartel blanco con letras rojas que ofrece servicios de atención en partos, venta de pruebas de embarazo, exámenes de papanicolaou, inyecciones, etc. El piso cruje cuando una mujer de baja estatura camina en este local y se acerca a un joven que le pregunta si allí se practican abortos. Los tablones están cuarteados y un penetrante olor a humedad inunda el ambiente. "Le cuesta USD 200, pero eso no lo hacemos aquí. Tiene que irse al otro consultorio, que está ubicado en el norte, para ayudarle", le indica la mujer. También le pregunta el tiempo de embarazo que tiene la pareja del hombre y este le cuenta que son cuatro semanas. "Está bien, cuanto más rápido lo haga será mejor para solucionarlo...". En el estudio de Rosero se dice que en otros lugares la sala de atenciones está separada por un biombo de tela. En un lado se encuentra la sala de ginecología para atender a las pacientes y del otro están las sillas en las que se acomodan las personas que visitan al médico. No hay privacidad. Otro problema según la investigación es que el personal que atiende en esos lugares no es capacitado, lo cual puede causar lesiones físicas severas como le ocurrió a Gabriela, de 20 años. Cuando tenía 16, ella se enamoró de un hombre nueve años mayor y se embarazó. En la casa, sus padres atravesaban por problemas económicos y decidió abortar para no tener conflictos en la familia. Acudió a un lugar ubicado en el centro de Quito, justo cuando llevaba 13 semanas de gestación. En la intervención se produjo una fuerte hemorragia. "A mi amiga que estaba ahí, la doctora le pidió ayuda porque no tenía asistentes y me desangraba". En medio de esa situación, Gabriela dijo en voz alta que sentía dolor y la médica le regañó: "ahora te aguantas, para qué te pones a hacer cosas de grandes. Sentí que mi vida podía terminar...". Cuatro años han transcurrido desde esas escenas, pero no se hace un chequeo porque tiene miedo. "Me siento arrepentida por lo que hice. Después de eso nunca me he ido a ningún médico, no aguanto la culpa...". Las ofertas y costos Las ofertas de aborto se difunden en anuncios públicos. Este Diario constató al menos tres en los que se incluían números telefónicos en Quito y Guayaquil. "¿Eres joven, tienes muchos hijos y quedaste embarazada? Libérate sin riesgos. (042) 28...", reza una publicidad. En otra: "Embarazo, atraso menstrual, himenoplastia, estrechamiento vaginal, médico especialista (02) 25...". Un hombre contesta en este número telefónico, pero dice que no revelará los costos de la consulta por teléfono. Prefiere que el cliente se acerque a su consultorio para acordar costos. Según la investigación de Rosero, los valores de los abortos en la capital están entre USD 150 y 600 prox. (ver cuadro de cifras). En el consultorio ubicado en el norte de Quito no se cobra más de USD 500 y el doctor que trabaja allí dice que le gusta "solucionar problemas de la gente en apuros". Junto a la puerta de su consultorio, una placa metálica está colgada sobre una pared amarilla. En esta, una agremiación le hace un reconocimiento a su "trayectoria" como médico. La pareja de jóvenes que antes había entrado a visitarlo acuerda que la intervención se realizará en los próximos 10 días. Si se presentan complicaciones tras la intervención, él les dice que pueden llamarlo a cualquier hora para las consultas médicas, pero ya les cobra USD 20 por la visita... Lo que dice la ley El artículo 447 del  Código Penal autoriza el aborto solo cuando la vida de la madre está en peligro y en casos de violación o estupro en una mujer demente o idiota. Para Gómez de la Torre, ese articulado es "anacrónico". Frente a ese artículo,  el Comité del Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales recomendó a Ecuador que reforme ese artículo del Código Penal, relacionado a la penalización del aborto en casos de mujeres violadas, sin importar su condición mental, o cuando se ha establecido la existencia de malformaciones congénitas. También pide  suprimir del Código Penal las palabras "idiota" y "demente" cuando se refiere a las mujeres con discapacidad.

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